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El derecho administrativo constituye una de las ramas más relevantes del derecho público, ya que regula la relación entre el Estado y los ciudadanos en todo lo concerniente a la función administrativa. Desde los trámites más cotidianos hasta las grandes obras de infraestructura, esta disciplina jurídica establece las reglas que deben seguir las instituciones gubernamentales para garantizar el bienestar colectivo.
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El derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la organización, funcionamiento y actuación de la Administración Pública, así como las relaciones jurídicas que esta establece con los particulares. En términos prácticos, determina cómo deben comportarse las instituciones gubernamentales y qué derechos tienen los ciudadanos frente a ellas.
Esta disciplina abarca tanto las normas que organizan internamente a los órganos del Estado como aquellas que regulan los procedimientos mediante los cuales la Administración interactúa con las personas. Su objetivo fundamental es garantizar que el poder público se ejerza dentro de los límites establecidos por la ley, protegiendo los derechos de los gobernados y asegurando que las decisiones administrativas respondan al interés general.
A diferencia de otras ramas del Derecho, el derecho administrativo se caracteriza por su dinamismo, ya que debe adaptarse constantemente a las transformaciones del Estado y a las nuevas necesidades de la sociedad.
En el contexto mexicano, el derecho administrativo regula múltiples aspectos de la vida institucional y la relación entre gobierno y ciudadanía:
El derecho administrativo en México se fundamenta en principios que orientan toda la actuación de las autoridades y garantizan los derechos de los ciudadanos.
Es el pilar fundamental del derecho administrativo. Establece que toda actuación de la Administración Pública debe estar expresamente autorizada por la ley. A diferencia de los particulares, quienes pueden hacer todo lo que no esté prohibido, las autoridades solo pueden realizar aquello que la norma les faculta. Este principio está consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Toda decisión administrativa debe orientarse hacia el bienestar colectivo, priorizando el interés general sobre los intereses particulares. Este principio justifica, por ejemplo, la expropiación por causa de utilidad pública o las restricciones a ciertas actividades económicas por razones de salud o seguridad.
La Administración Pública está obligada a alcanzar sus objetivos con el menor uso posible de recursos y en los plazos más breves. Los procedimientos administrativos deben ser ágiles y no presentar obstáculos innecesarios que dificulten el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.
Las autoridades deben tratar a todos los ciudadanos de manera equitativa, sin favoritismos ni discriminaciones. Este principio garantiza que las decisiones administrativas se tomen con base en criterios objetivos y no en consideraciones personales.
Derivado del derecho de acceso a la información, obliga a la Administración a hacer pública su actuación y permitir que los ciudadanos conozcan cómo se toman las decisiones que les afectan.
El abogado administrativo es el profesional especializado en las relaciones jurídicas entre la Administración Pública y los particulares. Su labor resulta fundamental tanto para las instituciones gubernamentales como para empresas y ciudadanos que requieren asesoría en esta materia.
El abogado administrativo puede desarrollarse profesionalmente en el sector público (asesorías jurídicas de Secretarías, organismos descentralizados, gobiernos estatales y municipales), en despachos privados especializados en derecho público, en departamentos jurídicos de empresas que interactúan frecuentemente con la Administración, o como consultor independiente en materias regulatorias específicas.
Para quienes buscan especializarse en la gestión pública y profundizar en el funcionamiento del Estado, la Maestría en Administración Pública de la Universidad Europea en México ofrece herramientas avanzadas para comprender y mejorar la actuación gubernamental desde una perspectiva integral.
El derecho administrativo representa una especialidad jurídica con amplia demanda en México, donde la interacción entre ciudadanos, empresas y gobierno requiere profesionales capacitados para garantizar que las actuaciones públicas se ajusten a derecho. La complejidad del aparato estatal mexicano, con sus tres niveles de gobierno y múltiples organismos, genera oportunidades constantes para quienes dominan esta disciplina.
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El derecho constitucional establece la estructura fundamental del Estado y los derechos básicos de las personas, mientras que el derecho administrativo regula específicamente la organización y actuación de la Administración Pública. El primero es el marco general; el segundo desarrolla cómo opera el Poder Ejecutivo en la práctica.
El abogado administrativo asesora a entidades públicas y privadas en sus relaciones con la Administración, representa a particulares en procedimientos y juicios administrativos, gestiona trámites complejos ante autoridades y orienta en el cumplimiento de obligaciones regulatorias.
Las principales son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.